A estas alturas de la película nadie niega ya, ni siquiera desde el propio sector, que la legislación que ordenaba (es un decir) la producción de electricidad a partir de la tecnología solar fotovoltaica fue el paradigma de la intervención estatal que acaba destruyendo empleo, destrozando un sector entero y costando a los contribuyentes miles de millones de euros. La burbuja creada en el sector fotovoltaico es un claro ejemplo de lo que sucede cuando el Estado desajusta el sistema eléctrico, aislándolo de la realidad mediante una legislación que expulsa del mercado a tecnologías competitivas para meter, con calzador, a otras más ineficientes. Los números son inapelables: en 2011 nos gastamos 2.400 millones de euros en primas a una tecnología que no produce ni el 3% de la electricidad que consumimos. Y así nos va. Pero la culpa no es de las renovables, sino de los políticos.
Sin embargo, lejos de aprender de los errores pasados, en este país somos más de repetirlos una y otra vez. No contentos con el resultado obtenido tras pinchar la burbuja fotovoltaica, hemos considerado oportuno crear una nueva porque parece que aquí no podemos vivir si no exprimimos continuamente al amargado contribuyente. Y ahora le toca el turno a la solar térmica, otra de las tecnologías que aprovechan la energía proveniente del reactor nuclear que nos da la vida, el Sol.
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